Los nombres, teléfonos y direcciones de los propietarios de una comunidad de vecinos son considerados datos de carácter personal y por ello deben cumplir con las disposiciones que marca la normativa en Protección de Datos (LOPD). El incumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones de hasta 601.000.-€

Para comenzar, el tratamiento de esos datos de carácter personal de los prop

ietarios, deben inscribirse en la AEPD.

Si además de estos datos, se recogen imágenes porque la Comunidad tiene cámaras de video vigilancia, también será un fichero a inscribir en la AEPD.

También podría existir el fichero de empleados, porque la Comunidad tenga contratado, al jardinero, conserje, etc..

Debe informarse a todo usuario mediante carteles de la existencia de esas cámaras

de video vigilancia, dejando constancia de quién es el responsable y donde podemos dirigirnos para hacer valer nuestros derechos:

La Comunidad deberá informar a los propietarios e inquilinos sobre el tratamiento y finalidad de la recogida de dichos datos y la información de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición según dicta el art. 5 de la LOPD.

Debe existir un Documento de Seguridad donde se reflejen todas las medidas técnicas y organizativas que marca la normativa para la correcta adaptación al cumplimiento de la LODP.

Es muy habitual que este Documento esté en poder del administrador de fincas, quien en este caso es encargado de tratamiento de la Comunidad de Propietarios. Deberá existir un contrato según art. 12, donde quede reflejado las finalidades, usos, custodia, accesos a los datos de la Comunidad de Propietarios. No se contempla como cesión de datos por parte de la Comunidad hacia el administrador de fincas, ya que en este caso es necesario para la prestación de un servicio al responsable de fichero, es decir la Comunidad.

Hay que tener mucho cuidado con la cesión de datos, ya que es considerada como infracción muy grave.

El administrador de fincas como encargado de tratamiento está obligado al deber de secreto según art. 10 y a devolver o destruir los datos una vez finalizada la relación negocial.

El deber de secreto también es extensivo al Presidente y/o Secretario de la Comunidad de Vecinos.

Si la Comunidad tiene empleados, como citábamos anteriormente y estos acceden a los datos o a las instalaciones donde se almacenan los datos de carácter personal también están sujetos al cumplimiento del artículo 10.